Psicología y Educación Integral A.C. 
Revista Internacional PEI: Por la Psicología y Educación Integral
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Volumen VII. Número 14. Enero-Febrero 2018

 
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NECESIDAD SOCIAL, DERECHOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y SU AFECTACIÓN A PARTIR DE LAS REFORMAS ENERGÉTICAS EN MÉXICO.

César Augusto Luna Alonzo

Resumen:

El presente artículo aborda las problemáticas sociales que surgieron a partir de la implementación de las reformas energéticas en México y su impacto en los derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos del país, al momento que se vulneran estos derechos traen por consiguiente fenómenos sociales que generan problemáticas y necesidades reflejadas en población, poniendo entre dicho la credibilidad de las instituciones nacionales. La primera parte del artículo se centra en narrar los antecedentes del cómo se estructuraron estos derechos contenidos en los derechos humanos en México y su correlación con la dinámica política del país.

La segunda parte del artículo se enfoca en la discusión del impacto de la reforma energética en los derechos políticos, económicos y sociales para el surgimiento de las necesidades sociales, económicas y políticas que mantienen en crisis al país, manifestándose en la inconformidad de la población y sus afectaciones en el  devenir cotidiano de la sociedad mexicana.

Palabras clave: Derechos sociales, económicos, políticos, necesidades sociales.

Abstract:

The present article addresses the social problems that arose from the implementation of the energy reforms in Mexico and their impact on the political, economic and social rights of the citizens of the country, when these rights are violated, they bring about social phenomena that generate problems and needs reflected in population, putting the said credibility of national institutions. The first part of the article focuses on narrating the antecedents of how these rights were structured in human rights in Mexico and their correlation with the political dynamics of the country.

The second part of the article focuses on discussing the impact of energy reform on political, economic and social rights for the emergence of social, economic and political needs that keep the country in crisis, manifesting itself in the nonconformity of the population and their affections in the daily evolution of Mexican society.

Keywords: Social, economic, political rights, social needs.

La historia de los derechos políticos, económicos y sociales en nuestro país, se configuran con el surgimiento de los derechos humanos en México, los cuales han pasado por un sin número de transiciones que se relacionan con aspectos jurídicos, políticos, económicos y sociales, (Estévez, 2007) menciona que esto fue  producto del encuentro de discursos opuestos que entraron a nuestro país, a través de los movimientos sociales y la intelectualidad latinoamericana, como lo fue la transición a la democracia y la teología de la liberación, este movimiento fue incorporando objetos y sujetos en función de las necesidades planteadas por la situación sociopolítica y económica por la cual transitaba México en aquel momento, esto marcaria la liberalización económica y la consecuente crisis del corporativismo. Es durante este periodo que en México se da el proceso hacia la transición democrática que representaría un cambio del partido hegemónico que ocupaba la presidencia desde hace sesenta años, suponiéndose una cambio estructural que revertiría las políticas neoliberales, llevando a perseguir los ideales de justicia social, la transición a la democracia se entendía en términos esencialistas, en este marco político, los derechos humanos se entendían de manera preexistentes a la ley, supuestamente relacionados a la naturaleza humana, dotándolo de una connotación universal, enfocada hacia el estado de derecho como precondición para un régimen democrático ya que dentro de este la democracia se aplica a favor de los individuos, que les da la libertad de elegir a sus líderes, garantizando con ello cambios estructurales; desde estos periodos los derechos civiles y políticos que se relacionaban con causas políticas, sociales y económicas, ya estaban siendo violados, para que existiera una defensa de los mismos tendrían que estar respaldados por un régimen democrático, lo cual apoyaría un proyecto de justicia (Estévez, 2007).

El contexto político de 1980 se enfocó hacia los derechos civiles y políticos, entorno a que fueran prioritarios ante los asuntos de la economía política que no establecería los derechos humanos como objeto prioritario, mientras que el gobierno comenzaba a reaccionar de una manera asertiva creando las ONG, que serían el antecedente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) (Estévez, 2007), en ese periodo se comienza la configuración de los derechos humanos y su relación con aspectos nacionales; en esta tendencia los empresarios se posicionarían como agentes decisivos en la dinámica contenciosa en contra del gobierno, por medio de la fuga de capitales, presionando para la creación de reformas que transfirieran recursos económicos estatales a la banca privada, plasmando un movimiento de connotación neoliberal asociado a la privatización y la desregularización económica como forma de enfrentar la crisis en la que se encontraba México; los acuerdos de mediación provocarían un agotamiento frente a la acción colectiva de los empresarios, quienes buscaban formas de articulación del poder, donde surgirían agentes con una visión ortodoxa de la economía, los cuales serían denominados como tecnócratas, estos agentes comenzarían a favorecer la apropiación privada de los recursos económicos estatales, lo cual restringiría la distribución más amplia de estos, reduciendo el presupuesto estatal para inversión al gasto social; por otro lado, en la esfera política se darían contiendas enfocadas a reivindicar el acceso a los recursos políticos, para que los procesos electorales se llevaran de una manera transparente y así garantizar los resultados, esta reforma permitiría el voto proporcional en ayuntamientos, incrementando la competencia, generado el aumento en los conflictos al ser cuestionados los procedimientos y resultados electorales, que dejarían la sospecha de fraude, ilegitimidad y desconfianza en la democracia estatal encargada de organizar, controlar y verificar los procedimientos electorales (Hincapié, 2015, p. 4-31), en este sentido, el gobierno que era sujeto de autoridad para abordar los tópicos de derechos humanos internacionales, tomándose la decisión de disputarse los limites internos de derechos humanos de acuerdo con su propia agenda  de intereses políticos, estos derechos debiesen ser ajenos a la política que no podían erigirse en órgano jurisdiccional que remplazara los cortes existentes, con ello la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) definió un mandato que impediría admitir quejas sobre violaciones a los derechos políticos electorales y laborales los cuales representan dos de los derechos más violados en el país, distanciando el discurso de los derechos humanos del gubernamental, puesto que este último no garantizaba la defensa y promoción de los derechos humanos de una manera clara e integra (Hincapié, 2015, p. 4-31).

Durante la década de los noventa se inicia en México un movimiento político en la búsqueda de reformas que permitieran el acceso de sectores subalternos en la democracia representativa que ayudara a sentar las bases de la democracia participativa, las reformas democráticas fueron graduales y controladas por la elite tradicional de los partidos nacionales PRI (Partido Revolucionario Institucional) y PAN (Partido Acción Nacional) enfocadas a perfeccionar las organizaciones y los mecanismos electorales, seria en esta década donde se llevaron a cabo drásticas reformas económicas que profundizaron y se enraizaron en un ideología neoconservadora, enfocada a un modelo económico orientado al mercado externo, viéndose materializado en el TLCAN (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos y Canadá en 1994, dando origen a las privatizaciones de empresas estatales (Hincapié, 2015, p. 4-31).

Durante la búsqueda de alternancia del ejecutivo llegaría la finalización del ciclo de movilización , cuyo objetivo fue la transición de la democracia entendida como posibilidad de alternancia real de todas las instancias del gobierno, después de las contiendas electorales en las cuales se pensaba en la salida del PRI del ejecutivo, esto último no se daría, afectando a comunidades locales que esperaban reformas descentralizadas relacionadas con la democracia participativa, que a la postre se verían enmarcadas en una militarización de la sociedad, que tendría como consecuencia la expansión del crimen organizado, viendo su punto más álgido durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012); el paso a la alternancia se daría cuando la presidencia de México fue ocupada por el PAN y su candidato Vicente Fox Quezada, dando por concluida la transición hacia la  democracia, sin embargo, este cambio no ayudaría a establecer claramente la construcción de los derechos humanos durante el sexenio de Fox Quezada (2000-2006), de igual forma implementaría una política económica que vendría a empeorar las condiciones socioeconómicas del país; ahora el discurso se enfocaría al campo de la economía política, cuyos dirigentes carecían de experiencia y conocimientos en los campos de la economía y política social, encontrando dificultades en el establecimiento de prioridades en comparación de las formas en que estaban establecidas siendo definidas por la transición a la democracia, durante este periodo se notaría la crisis en tema de derechos humanos en México, los derechos políticos se abandonarían casi en su totalidad y se empezó a abordar el derecho a la información y la participación ciudadana, le llevaría un tiempo a las organizaciones encontrar un espacio dentro de la política social y económica, durante el año 2003 comenzaría a encontrar su espacio, al abordar temas estructurales, la forma del sistema judicial, la política de seguridad pública, abordando temas de pobreza, neoliberalismo, discriminación, desarrollo social (Hincapié, 2015, p. 4-31).

Para el 2010 se presentarían una serie de dinámicas contenciosas, que actualizaron las viejas demandas de aperturas de acceso para reivindicaciones que articularon nuevos repertorios de contienda, que se verían plasmados en un nuevo contexto económico (Hincapié, 2015), de igual forma esto se vería en la capacidad de las demandas provenientes de diferentes grupos de la sociedad que estaría relacionado a la violación de los derechos humanos derivados de situaciones sociopolíticas.

Las demandas y el discurso de los derechos humanos en México son reclamos de la sociedad civil nacional y trasnacional por derechos humanos en el país, lo cual estaría vinculado de forma indisoluble con la apertura de la política de la transición democrática, de la cual se generaría un proceso de fragmentación de demandas en busca de respuestas especificas (Ansolabehere y Valdés, 2015, p.44-51), en este sentido la consolidación democrática en el país se daría por una parte a través de la paralización de reformas vinculadas con el ejercicio del gobierno a las que se identifica como fallos de la destinación autoritaria, presentando modalidades articuladas en forma de demandas sociales vinculadas a violaciones de los derechos humanos y la denominada reconfiguración del estado, que contempla la perspectiva que tienen en cuenta no solo las respuestas de las elites políticas o en las organizaciones de la sociedad civil, sino también la interacción entre ambas a nivel nacional dando apertura a nuevas dinámicas sociopolíticas.  (Ansolabehere y Valdés, 2015, p.44-51).

La estructuración de los derechos humanos en México han estado sumamente ligados a movimientos políticos, económicos y sociales, los cuales han planteado las perspectivas del cómo deben ser reconocidos los derechos políticos, económicos y sociales, que en distintas etapas del desarrollo de los derechos humanos en el país  paulatinamente han ideo incorporado la defensa de estos derechos, sin embargo, seria durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que estos derechos serian totalmente afectados, al momento de implementar las reformas energéticas; la SeGob señala que estas reformas se caracterizan por buscar la modernización del sector energético del país sin privatizar a las empresas publicas dedicadas a los hidrocarburos y a la electricidad al llevar a cabo estas medidas se propone mantener la rectoría del estado y ratificar que la propiedad de los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo seguirán siendo de la nación (SeGob, 2015), esta reforma desde una perspectiva teórica vendría a beneficiar de manera longitudinal a los sectores económicos, políticos, sociales, garantizando la manutención de la propiedad nacional sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo del país, por medio de la modernización y fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, mejorando la planeación y control del sistema eléctrico nacional, reduciendo así los precios de la luz, gas y gasolina, teniendo un mayor abasto de energéticos a menores costos, lo cual garantizaría los procesos de trasparencia y rendición de cuentas, combatiendo así la corrupción del sector energético, fortaleciendo el ahorro a largo plazo a través de la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo, impulsando el desarrollo social y la protección del medio ambiente atrayendo inversión al sector energético mexicano para el impulso y desarrollo del país.

La aplicación de estas reformas prometería un crecimiento económico y en materia de lo social la obtención de más recursos para programas de desarrollo social y de infraestructura, sin embargo, en la práctica este reforma ha tenido una serie de repercusiones lacerantes para el contexto económico mexicano, el error del ejecutivo federal consistiría en el hecho de transferir riqueza al extranjero y el desmantelamiento de la economía nacional,  presentando una serie de problemáticas que se volverían visibles a la población, (Saldaña, 2014) señala una serie de consecuencias, comenzando con el agotamiento de reservas petroleras, por medio de estrategias de extracción que aumentarían la producción de petróleo, pero también agotara más rápido las reservas, afectando al subdesarrollo tecnológico que está enfocado en la búsqueda de energías renovables, haciendo perder soberanía energética; la pérdida de oportunidades en temas de producción que beneficien la economía mexicana reduciendo la competitividad de la industria nacional, al obtener abastecimiento barato de insumos derivados de hidrocarburos; otro punto que es señalado por (Saldaña, 2014) es el aumento de la carga fiscal a Pemex, que se le exige que contribuya al menos con el 4.7% del producto interno bruto a fin de que continúe sosteniendo cerca de la tercera parte del presupuesto federal; la nula generación de empresas nacionales, puesto que la mayor parte de empresas en el sector energético serán extranjeras, al no existir un sector energético nacional sólido, este también será extranjero, de igual forma al no existir un sector bancario nacional con la capacidad financiera para respaldar las inversiones previstas, existirá una influencia creciente de instituciones financieras extranjeras en el sector; generando problemas respecto a la integración de la industria nacional, puesto que las secretarias de hacienda y crédito público y de economía han sido incapaces de articular una estrategia económica de largo alcance que atienda a las necesidades del país; el nulo aumento significativo  del nivel de actividad económica y generación de empleos; aumento en la concentración del ingreso y de la trasferencia de riqueza en el extranjero; los resultados de micro y macro económicos en otros países plantean las consecuencias de este tipo de reformas, manifestándose en aumento de la pobreza, pérdida de control gubernamental, desmantelamiento de la industria nacional, fuga de capitales, destrucción del patrimonio nacional, intervención extranjera; el gasto publico continuara destinándose en su mayoría al gasto corriente; nulo ahorro a largo plazo por ingresos petroleros aumentando la deuda pública; la reforma no contribuirá a reducir la pobreza y una vez agotado el petróleo los niveles de pobreza se dispararan, el desaprovechamiento de recursos para atacar las determinantes estructurales de la pobreza en México, esta reforma al igual que el resto de la política económica y social del país, no cuenta con mecanismos que ataquen los determinantes estructurales de la pobreza, no hay una conexión con inversiones en la reducción estructural de la pobreza, sumándose a esto el debilitamiento de la industria nacional que es la que provee el empleo en México, la incertidumbre de los precios de los energéticos para los sectores social y productivo, debido a la fijación de precios quedara fuera del alcance regulatorio gubernamental y de condiciones laborales precarias e inciertas para los trabajadores, así los programas sociales serán financieramente insostenibles (Saldaña, 2014), en este sentido (Fernández, 2017) señala de igual manera los impactos negativos a la economía nacional, como el aumento la inflación, la disminución de la competitividad y el afecto acumulativo, afectaciones al bolsillo de los mexicanos, como la devaluación del peso, el aumento de las gasolina, las afectaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas que han sido devastadas, el robo de combustible, la reforma energética a representado un duro golpe para el establishment, alterando el ánimo social y al balance del poder, en un momento de fragilidad del estado mexicano y desprestigio de las instituciones, y en contra parte un gobierno indolente que esconde sus errores bajo la careta de optimismo absurdo, sin dirección, confundido, agobiado por la cortesanía y su incapacidad para entender el momento y el mundo, más preocupado por los pretextos que por reconocer la realidad.

Como se puede deducir la reforma energética ha tenido graves repercusiones a los derechos humanos, así como las consecuencias nocivas del modelo de desarrollo vigente, que han venido a disparar las condiciones de pobreza y desigualdad, la criminalización de los defensores de los derechos sociales, pero, ¿de qué manera la reforma energética ha venido a  impactar los derechos sociales, políticos y económicos en el país?, en primera instancia abordaremos definiciones muy concretas respecto a estos derechos para posteriormente pasar a la discusión del tema en cuestión.

Para la (CEDHJ, 2016) los derechos humanos son todas aquellas facultades, progresivas y libertades fundamentales que tiene una persona, por el simple hecho de serlo, sin las cuales no se puede vivir como ser humano, sustentándose en la libertad, justicia y paz en el mundo, reconocer la dignidad intrínseca de los derechos centralizados en la igualdad e inalienables en las personas, reconociendo la libertad, igualdad y dignidad, tipificados como estados de razón y conciencia, de igual forma la CEDHJ (Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco), menciona que la realización del ser humano libre requiere condiciones favorables para gozar de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que ningún estado podrá destruir o restringir.

Los derechos políticos según (Sandoval, 2012, p. 9-10) son aquellos derechos fundamentales que reconocen y garantizan a la ciudadanía la participación para la toma de decisiones públicas, los cuales se clasifican en tres formas de actuación; el derecho a votar, el derecho a ser votado, el derecho a asociación política, por medio de estos los ciudadanos pueden efectuar sus demandas y por medio de su ejercicio es posible exigir responsabilidades a los gobernantes, son derechos que promueven la inclusión y la participación de la sociedad, considerados indispensables para la consecución de la igualdad. En este orden ideas (Sandoval, 2012, p. 9-10) profundizar en las características de estos derechos, cuya condición de igualdad son imperativos democráticos, ya que el voto de cada ciudadano debe poseer un peso igual al de los demás, las personas que disfrutan de los derechos políticos deben ser libres de votar según su propia opinión, la cual debe formarse en el marco de una libre elección entre distintos grupos políticos, de esta forma la ciudadanía debe estar colocada en una situación en la que pueda escoger entre diferentes opciones, con la finalidad de ejercer sus derechos de libertad, en este sentido, en tanto las elecciones como para las elecciones colectivas debe de valer la regla de la mayoría numérica, sin embargo, ninguna decisión tomada por la mayoría puede limitar los derechos de la minoría.

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), son para (Sandoval, 2010) derechos humanos relacionados a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, en aspectos laborales, de alimentación, de salud, de vivienda, de seguridad social, de educación, de cultura, suministro de agua y conservación del medio ambiente; estos derechos tienen la capacidad de construir herramientas jurídicas, para contra restar problemas como la desnutrición, el desempleo o la precariedad laboral, riesgos a la salud, analfabetismo, deserción escolar, falta de acceso a la vivienda, al agua, a los medicamentos básicos, desalojos o desplazamientos forzados, intervención para la marginación social, pobreza y desigualdad, tipificados como fenómenos socio económicos que vulneran la condición humana; (Sandoval, 2010, p. 9-10) señala que los DESC constituyen una base para la supervivencia de las personas, que potencializa alcanzar un nivel de vida adecuado, así como una vida digna; tales derechos propician la satisfacción de necesidades básicas y el despliegue de capacidades en las personas; así mismo estos derechos se vinculan con la autonomía, garantizando las condiciones materiales que propician en cada persona el ejercicio real de sus libertades; el pleno ejercicio de estos derechos tiende a reducir la desigualdad y asimetrías que existen entre las personas que configuran la sociedad, por lo tanto los DESC tienen un papel fundamental para asegurar una igualdad sustantiva y no meramente formal, de igual forma los derechos económicos, sociales y culturales proporcionan los cimientos necesarios para que las personas participen en diversos espacios de decisión sobre las cuestiones que les afectan, vigorizando la democracia, evitando así que la misma se torne en un concepto vacío, especialmente para aquellas personas que carecen de los básico para llevar una vida digna.

Como lo hemos visto a lo largo del texto, la historia y estructura de los derechos humanos en México, entre los cuales se contemplan los derechos políticos, económicos y sociales, han estado inmersos en una serie violaciones constantes, a pesar de que estos se encuentran  dentro de los estatutos de la comisión de derechos humanos, ratificados por México y reconocidos en el protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (CIDH,2015);  lo cual resulta alarmante para toda la ciudadanía, de tal forma que la propia sociedad mexicana desconfía de sus instituciones y sus gobernantes en la toma de decisiones que inciden en la forma de vida y la percepción de la realidad de los habitantes del país; la reforma energética que vaticinaba una mejora gradual en la economía mexicana ha resultado ser un revés para la población, con el aumento en el precio de la gasolina, la luz y el gas, para consumo industrial y doméstico, afectando  en los precios de la canasta básica, la economía de las familias mexicanas, lo cual viene a representar un encarecimiento en las condiciones de vida, y de esta forma vulnerando los derechos de los mexicanos, viendo sus repercusiones en los sectores sociales más vulnerables, ocasionando el descontento general, generando movimientos sociales de oposición en reclamo a las afectaciones en la ciudadanía y los sectores económicos, políticos del país.

La imposición de esta reforma que encarece la calidad de vida, es similar al establecimiento de una bio política, que en términos de (Castro, 2011, p. 55-58) viene a racionalizar los problemas planteados por la practica gubernamental de los fenómenos propios de un conjunto de personas en cuanto a la población, regulando la vida biológica de la sociedad por parte del estado; propiciando una economía política y de liberalismo, teniendo la finalidad de disciplinar cuerpos útiles económicamente y dóciles políticamente, persiguiendo el equilibrio de la población, su regulación y homeostasis; en este sentido (Castro, 2011, p. 55-58) puntualiza que con el surgimiento la bio política nace el bio poder el cual tiene como objeto la vida biológica del hombre abordando de manera general el poder que se ejerce sobre los cuerpos de los individuos, dando apertura al control de los cuerpos en el aparato productivo, ajustando así los fenómenos sociales referente a procesos económicos; en este orden de ideas, (Fortanet, 2015, p. 119-125) menciona que el bio poder aborda la economía como centro de reflexión del poder y así poder pensar el poder en términos de racionalidad de gobierno definiendo el régimen económico neoliberal como un modelo activo de gobierno, dando entrada al término de gubernamentalidad, que tiene un carácter anti naturalista y productivo, este régimen no pretende hacer pasar como el modo natural de hacer las cosas como lógica natural del mercado, dándole más importancia a la competencia, pero, la competencia no es algo natural, no se produce de manera espontánea, el ser humano no compite entre si naturalmente, esto debe promoverse y producirse, de ahí que el neoliberalismo defiende la intervención del estado que debe actuar para generar la competencia en cada una de las diferentes áreas sociales, como por ejemplo la propiedad del estado, su privatización generara competencia y el estado deberá intervenir, la lógica del neoliberalismo tiene que ver con una actividad permanente, estimulando, dinamizando, ajustando y re-estructurando.

“tratando de multiplicar el modelo económico de la oferta y la demanda, para hacer de ello un modelo de relaciones sociales” (Foucault, 2004).

De tal forma que la reforma energética pareciese que busca implementar un modelo de desarrollo económico político utilitarista que deja de largo los derechos políticos, económicos y sociales, generando con ello una serie de necesidades sociales en tal medida que los programas sociales serán rebasados para la atención de la mismas, llegando al punto de la enajenación y alienación laboral con la finalidad de subsanar las necesidades básicas para una calidad de vida digna por parte del sector laboral, afectando con ello a otras esferas de desarrollo humano y social de la población; en palabras de (Tarasco, 2009, p. 27-28) el modelo utilitarista propugna por la utilidad social como valor supremo en la jerarquía de valores, buscando la maximización del placer en contra parte de la frustración o el dolor, en relación al acto mismo o la regla de la utilidad, este modelo plantea el concepto de bienestar y de la igualdad agregacionista, el cálculo de la utilidad como sinónimo de bienestar, esta debe tener en cuenta los intereses de cada individuo y del resto de la sociedad considerada en su conjunto, es decir, la suma de intereses agregados, para esto último, prevaleciendo los intereses de la mayoría sobre los intereses del individuo, es una teoría del bienestar, porque considera éticas las acciones que reportan las consecuencias mejores en términos de utilidad social o personal, que coinciden en el bienestar o felicidad considerada como la satisfacción de necesidades, es decir el mayor beneficio por el menor costo, no necesariamente económico es decir la satisfacción placentera versus el sufrimiento. Plateando con un ello una perspectiva de necesidad social acorde a los intereses del estado, afectando con ello los derechos políticos, económicos y sociales.

Existe un notable déficit en la protección efectiva de los derechos económicos y sociales, se puede señalar que la mayoría de los países del mundo occidental han avanzado en la construcción de los instrumentos jurídicos políticos y de mediación para la protección de los derechos individuales, pero, muchos de ellos, tienen limitaciones a la hora de promover y defender los derechos sociales y económicos (López, 2001, p. 104 - 107), tal parece ser el caso de México, que no brinda con claridad una defensa férrea de estos derechos.

La particularidad de los derechos sociales y económicos, como la salud, la educación la seguridad social y el derecho al trabajo, es que desafían los marcos estrictamente constitucionales, pues su garantía y protección es un asunto más político que jurídico en la medida en que exige que el estado asuma obligaciones y deberes de hacer, acciones políticas que tienen como trasfondo reformular el papel, deben cumplir el estado para garantizar la existencia de la sociedad (López, 2001, p. 104 - 107). Cuando se dice que la garantía de los derechos económicos y sociales exige replantear la acción clásica atribuida al estado, se hace referencia a la visión del liberalismo individualista y del liberalismo clásico, que postula la idea del estado encargado únicamente de garantizar los derechos básicos de la libertad individual y la propiedad. Para los autores que defienden el liberalismo individualista y el liberalismo clásico, las necesidades económicas y sociales de los ciudadanos, estos no deben ser formulados en términos de derechos, pues esto produce un crecimiento peligroso del poder del estado, y como correlato, amenaza el espacio de las libertades individuales (López, 2001,  104 - 107).

Una visión integral de los derechos humanos es fundamental, desde esta perspectiva, en la búsqueda de protección del ámbito privado, la libertad individual y el reconocimiento de las limitaciones que existen para alcanzar esta protección en condiciones sociales marcadas por la pobreza y la desigualdad extrema. En este sentido, el discurso y práctica de los derechos humanos debe estar orientado a garantizar la protección de las libertades individuales y de los derechos que permiten la realización de los derechos sociales y económicos. De ahí que la real vigencia de los derechos humanos como derechos individuales, económicos y sociales, solo pueden pensarse en un estado democrático en el que confluyan dos ideales, el respeto de las libertades civiles y políticas de los individuos y la defensa de una idea de ciudadanía sustentada en la pretensión de disminuir y atenuar las desigualdades económicas y sociales (López, 2001, p. 104 -107)

El estado al implementar políticas o reformas, que no se piensan desde afuera sino desde adentro, es decir, desde la ciudadanía, llegan a afectar a los derechos humanos, en este caso los políticos, económicos y sociales, puesto que al no visualizar el impacto en la devenir de la cotidianidad de la población, da pie a la generación a un sin número de fenómenos sociales, que su vez crean problemáticas sociales precursoras de necesidades de esta índole, que se pueden identificar de la siguiente manera, necesidades sociales que se refieren a la manera como los seres humanos se relacionan entre sí, a nivel familiar, con amigos y con otras personas en general, señalando los siguientes puntos, núcleo social básico, vivir en grupo y socializarse, contacto humano, participación conjunta, incluso solidaridad, acceso a la información, igualdad en la distribución del producto, aprobación social y reconocimiento (Ander – Egg, 1995, p. 200), de igual forma se contemplan las necesidades económicas que se centran en disponer un bien que sirva para producir, conservar o mejorar las condiciones de vida, estas están ligadas a su vez al nivel productivo de la vida humana (Ander – Egg, 1995, p. 200) y por ultimo las necesidades políticas que se refieren a la inserción de las personas en las relaciones de poder y la vida ciudadana en general se pueden contemplar los siguientes aspectos, participación en decisiones de diferentes tipos y niveles en cuestiones que conciernen a la propia vida, propiedad personal, garantías y limites, procedimientos de resolución de los conflictos políticos, estructura institucional, organización y clase de instituciones (Ander – Egg, 1995, p. 200).  En teoría los derechos políticos, económicos y sociales , fueron estructurados para evitar este panorama de desigualdad social, inseguridad y pobreza, incidiendo en los sectores sociales de la salud, educación, ambiental, laboral; lo cual lleva una visualización de las necesidades sociales polarizada, una vista desde el estado que configura su propia perspectiva de esta necesidad y la contra parte la necesidad que se estructura por parte de la sociedad, poniendo de manifiesto una situación que viola a todos los derechos humanos, la desigualdad social por parte del estado a partir de una valoración utilitarista de la necesidad ciudadanía. Se piensa la necesidad desde una perspectiva psicológica la cual se centra en reconocer la necesidad a partir de la imagen del hombre que tiene necesidades de relación, de trascendencia, de radicación social, de identidad, de un sistema de orientación y de devoción, o necesidades de pertenencia, de autoestima, de información, de comprensión, intelectual, de satisfacción estética, de realización jerárquica de las necesidades en el sentido, que estas no se presentan todas al mismo tiempo ni con la misma relevancia, sino que cada una se intensifica solamente después que la necesidad precedente de la escala ha sido de alguna satisfecha (Gallino, 2011, p. 626-627), este enfoque acerca de la necesidad se puede leer de una manera subjetiva para cada individuo, puesto que las condiciones sociales adversas para la ciudadanía lleva a que las personas subsanen estas necesidades como mejor lo puedan hacer acorde a su ingreso económico, visualizándose de esta manera la desigualdad social, generando en la población una especie de resiliencia social.

Las instituciones de la sociedad tienen la función de satisfacer una restringida serie de necesidades biopsicosociales fundamentales, alimentación, reproducción, comodidad física, seguridad, reposo, movimiento, desarrollo, las instituciones representan en parte respuestas culturales dirigidas a asegurar la satisfacción de las necesidades de la población, reduciendo las posibilidades de conflicto que en parte son respuestas indirectas, encaminadas a satisfacer la necesidad instrumentales, integrativas y simbólicas, que están relacionadas a las necesidades básicas  (Gallino, 2011 , p.  626-627). Así el subsanar una necesidad dependerá de la representación social que ha sido depositada en el discurso de la necesidad entorno a la economía, esta sinergia se manifiesta en la percepción de la necesidad y sus satisfactores desde el punto de vista de cada individuo, planteando la utilidad que la persona le otorgue a la necesidad y el cómo satisfacerla, aceptando o renunciando al satisfactor más útil, conduciéndole a un menor o mayor valor, encontrando la necesidad sentida y la necesidad real en las personas al momento que estas se acerquen a la institución en busca de apoyo para solventar sus necesidades partiendo de su poder adquisitivo, dependerá la calidad del tipo de servicio que se obtenga, de la cual surge esa subjetividad, si su necesidad fue atendida adecuadamente desde su punto de vista, así la pirámide se verá afectada por los aspectos de la economía estatal, puesto que las personas intercambian porque experimentan necesidades y deseos, pero estas pueden cambiar debido a que se encuentran sometidos al devenir político económico impuesto por el estado a través de la reforma energética.

Así la búsqueda de subsanar las necesidades se encuentra en un estado de sujeción al designio del estado bajo la política del bienestar social, (Cano, 2009, p. 37-48) señala que en la esfera política, la idea de necesidad humana, se comprende entorno a la justificación de programas y proyectos de atención social, enfocados a los sectores más vulnerables, de igual forma se le entiende como una estrategia política generando críticas desde la oposición a las ideologías políticas ya implementadas, que a la postre llevan a la creación de espacios de poder político. En este sentido la objetividad de la necesidad es reducida al grado de plantear la prioridad económica sin darle importancia a la satisfacción de las necesidades sociales reales que surgen en cada persona, siendo definido, instaurado y re – enseñado el concepto de necesidad a medida de la política del estado. Este fenómeno es ocasionado por los procesos de descentralización del estado a raíz de los aspectos neoliberales representado en la reforma energética vulnerando así los derechos políticos, económicos y sociales de los habitantes de México, enmarcado esto en un contexto democrático representativo, que en la actualidad pasa por una de sus peores crisis, al perder la credibilidad de los ciudadanos hacia sus instituciones, y hacia sus gobernantes, lanzando a la población a un mercado de servicios básicos, que solo pueden ser adquiridos por quienes poseen un estatus socio económico medio alto, vulnerando de esta manera a toda la sociedad, poniendo en evidencia la insatisfacción de los diferentes tipos de necesidades, generando consigo un sin número de problemáticas sociales derivadas de la poca atención que prestan las instituciones al cuidado y respeto de los derechos políticos, económicos y sociales.

México está enmarcado por el conflicto en el cual el crecimiento económico y social coexisten con la pobreza, donde las necesidades se subsanan en medida de la dinámica del mercado, compitiendo con las demandas de justica social y la consolidación de los derechos de la ciudadanía, manifestando una sensación de declive de las condiciones de vida de muchos hombres, mujeres, familias, percibiéndose un temor en los individuos a quedar excluidos y marginados del desarrollo, México cuenta con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se centra más en la defensa de las garantías individuales, dejando en el olvido la defensa de los derechos políticos, económicos y sociales, los cuales son golpeados por la reforma energética, abriendo el panorama actual que se vive actualmente en la sociedad, aumentando el costo en los hidrocarburos base fundamental de la economía nacional, lo cual en primera instancia afecta el precio de la canasta básica, con ello disminuyendo el poder adquisitivo del sector laboral, y por ende incidiendo en la economía familiar, potencializando las problemáticas sociales ya existentes en el país, haciendo que los poder ejecutivo y legislativo pierdan credibilidad debido a casos de corrupción, enriquecimiento ilícito, la trasgresión del estado de derecho, poniendo en duda los procesos electores que posicionaron a los agentes políticos de los espacios políticos que toman las decisiones para el desarrollo del país, provocando una crisis socio política en México.

Conclusión:

Es importante que el estado reconozca, proteja y garantice los derechos sociales, económicos de los ciudadanos, atendiendo a las necesidades que surgen a partir de esa situación, con lo cual es posible que el malestar generalizado en la población se reduzca y poder recuperar paulatinamente la credibilidad en las instituciones, puesto que no se puede tener un desarrollo social en la nación estando fracturados los mecanismo para los acuerdos entre la ciudadanía y el estado, con la apertura del dialogo referente a las repercusiones de la reforma energética, el análisis objetivo y la evaluación de resultados que se han obtenido hasta el momento con esta reforma.

Sin lugar a dudas hay mucho  trabajo por hacer en materia de derechos humanos, tratar de mediar entre los aspectos políticos así como en las transiciones democráticas en el país y el establecimiento de los mecanismo jurídicos que hagan valer realmente los derechos ya antes mencionados, que estos no sean tomados como rehenes por las disputas del poder de los actores políticos del país; sería absurdo pensar en re-estructurar la economía global para la búsqueda de alternativas para la economía nacional, puesto que es un sinergia mundial, pero, si se puede trabajar en procesos de investigación centrados para la configuración de modalidades de energías renovables y aplicables al contexto actual, así no se dependerá tanto de los hidrocarburos para hacer funcionar nuestra economía, sino se tendrán otras alternativas energéticas sustentables que podrían beneficiar e impulsar desde otro paradigma social económico, la estabilidad social, económica y política, reduciendo las necesidades sociales, puesto que los ingresos económicos que podrían surgir de estas energías renovables, se podrían aprovechar para nutrir los programas sociales que se encuentran vigentes en el país, en apoyo de la ciudadanía mexicana; el planteamiento de políticas públicas enfocadas a solventar las necesidades y problemáticas sociales emergentes ocasionadas por la crisis social económica que produjo la implementación de la reforma energética. El respaldo jurídico del estado hacia la comisión nacional de derechos humanos para que esta haga valer y defender los derechos humanos.

Todo esto puede incidir positivamente para la reducción de la desigualdad social de la pobreza y el encarecimiento de los servicios de salud y educación de las instituciones que proporcionan seguridad social, vivienda y cuidado del medio ambiente. La apertura al dialogo entre estado instituciones y ciudadanía en la toma de decisiones así como en la aplicación de reformas energéticas que potencialicen el desarrollo económico y social en el país. Con ello se podría garantizar el respeto a los derechos humanos a atender e intervenir en las problemáticas y necesidades de la ciudadanía en materia económica, política y social, teniendo con ello la posibilidad de crecer como nación fomentando una perspectiva sólida de cara al futuro. 

 

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